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España Educa en Libertad pide la eliminación de objetivos, criterios de
evaluación y contenidos de índole ideológica y moral
La propuesta del PP sobre EpC es manifiestamente mejorable

MADRID, a 22 de enero de 2010.- Tras haber analizado detenidamente las
implicaciones jurídicas y académicas de las "Propuestas del PP para un pacto
por la reforma y mejora de la educación en España", la Federación de
Plataformas de Padres España Educa en Libertad considera que casi todas las
medidas que en ellas se proponen podrían contribuir de forma notoria a la
regeneración de nuestro sistema educativo no universitario. Sin embargo,
considera que la reforma del estatus académico del grupo de asignaturas de
Educación para la Ciudadanía es manifiestamente mejorable.
En los cinco párrafos que el documento hecho público el día 18 de
enero dedica a la EpC, el Partido Popular reitera una vez más "su seria
discrepancia con su configuración y contenidos, por entender que con ellos
los poderes públicos se arrogan unas atribuciones que no les competen,
invaden ámbitos educativos que corresponden primariamente a los padres y
presentan graves riesgos de adoctrinamiento".
España Educa en Libertad, que elogia el nuevo reconocimiento expreso
de los derechos de los padres en relación con la educación de sus hijos,
pone de manifiesto que ni los riesgos de adoctrinamiento ni las ilegítimas
atribuciones de los poderes públicos desaparecerían con la mera aplicación
de las tres medidas que el PP propone, que se corresponden con las tres
etapas educativas en las que actualmente se imparten las asignaturas
obligatorias de EpC:
1. En Primaria, la "formación cívica" sería de "carácter transversal" y
estaría inspirada "en los valores y principios de la Constitución".
2. En la ESO, se mantendrían las dos asignaturas obligatorias que se
imparten en uno de los tres primeros cursos (Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos) y en 4.º (Educación Ético-Cívica), aunque con unos
"nuevos contenidos", que serían "acordados íntegramente" y que girarían en
torno al "conocimiento de la Constitución", así como a la "comprensión de
sus valores, de las reglas de juego y de sus instituciones".
3. Por último, en Bachillerato, la materia de Filosofía recuperaría "su
configuración clásica", pérdida con el "empobrecedor planteamiento" de la
denominada Filosofía y Ciudadanía que forma parte del currículo en vigor.

La Federación considera que, como han manifestado insistentemente
las asociaciones que la integran durante estos últimos años, para abordar la
"formación cívica" no es necesaria ninguna asignatura específica, en ninguna
de las etapas educativas de la enseñanza no universitaria. Así pues, valora
positivamente las medidas planteadas por el Partido Popular para
Bachillerato e incluso para Primaria, pero llama la atención sobre el hecho
de que la transversalidad no elimina 'per se' el riesgo de adoctrinamiento.
Éste sólo quedaría razonablemente superado si expresamente se vedara la
transmisión de más valores que los que el artículo 1 de la Constitución
define como los "superiores" de nuestro ordenamiento jurídico; a saber, "la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
En cuanto a la fórmula propuesta por los populares para las dos materias de
EpC en la Secundaria Obligatoria, España Educa en Libertad defiende que
sería preferible que también fueran eliminadas del currículo, excesivamente
recargado de disciplinas académicas, y en esa etapa también se abordara la
"formación cívica" de forma transversal o incluyendo algunos bloques
temáticos dedicados a ella en áreas humanísticas.
No obstante, la Federación admitiría el mantenimiento de ambas
asignaturas como obligatorias, siempre que de sus programas fuesen
eliminados no sólo los contenidos que no se limiten al estudio de la
Constitución y los tratados sobre derechos humanos, sino (y esto es algo aún
más trascendental) también los objetivos y criterios de evaluación que se
inmiscuyen en cuestiones de carácter ideológico y/o moral, pues en ellos
radican buena parte de los "graves riesgos de adoctrinamiento" a los que se
refiere el PP.
"Los padres que rechazamos los actuales programas de EpC no tenemos
vocación de objetores, sino la de padres. Y como tales, asumimos nuestro
deber de educar a nuestros hijos con todas las consecuencias, una de las
cuales es la defensa de nuestro derecho a transmitirles en casa y a exigir
que se les transmitan (también en los centros docentes) los valores morales
que consideremos acordes con nuestras convicciones. Eso es algo contra lo
que atentan tanto la actual EpC como la futura educación sexual obligatoria
(algo así como una EpC II) y no estamos dispuestos a consentirlo",
manifiesta Marisa Pérez Toribio, la presidenta de España Educa en Libertad.
"Pedimos al PP", añade, "que, en sus planteamientos en materia de política
educativa, incluya las modificaciones legislativas necesarias para que los
derechos de los padres queden expresamente reconocidos y garantizados de
forma efectiva en la Ley Orgánica de Educación".
Marisa Pérez Toribio recuerda que "los gobiernos autonómicos del
Partido Popular están obrando de forma muy poco coherente con lo que el
documento del día 18 de enero(como algunos otros anteriores) reflejan como
posición de su grupo político en relación con EpC". "Si esperan que creamos
en su buena fe y en su voluntad política de acabar satisfactoriamente con
este grave conflicto", indica para finalizar, "deberán comenzar a actuar de
forma consecuente con sus solemnes y ampulosas declaraciones formales".

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